Los impagos en las comunidades de vecinos se han disparado en los municipios de Costa cerca de un 20%. La cifra, que es muy similar al incremento global de impagos en la provincia, está motivada por los efectos directos de la crisis. Los administradores de fincas de la zona aseguran también que además de un aumento de los impagos se ha incrementado muy considerablemente el retraso en los pagos. Según Antonio García, propietario de AGN Fincas ahora el principal trabajo de los administradores es el de ajustar al máximo los presupuestos de las comunidades para evitar males mayores y sobre todo estar muy encima de los impagados y afrontar la problemática desde otra óptica. «Antes el tanto por ciento de impagos era mínimo, ahora la crisis ha provocado que mucha gente se vea incapaz de pagar las cuotas. Para ello, y siendo conscientes de la problemática hay que intentar buscar soluciones, dar facilidades y ser más dialogantes que antes», comenta García.

Así lo asegura también Alex Savé, responsable de Administracions Savé S.L. con oficinas en Salou y varios municipios de la Costa, quién añade «nuestro máximo esfuerzo antes de llegar a la situación límite de ir a los juzgados es perseguir y buscar nuevas fórmulas para aquellos que no pueden hacer frente a los pagos de la comunidad», comenta. Y es que según Savé, si la deuda de cada propietario no es superior a los 600 euros es poco «rentable» iniciar un proceso judicial. «Antes de la crisis, el seguimiento a los morosos era escaso. Como mucho enviábamos cartas de recordatorio al afectado, pero ahora hay que estar muy encima estudiar caso a caso», comenta. Además, no resulta fácil que por no pagar la comunidad se embargue un piso. Los administradores son reacios a recurrir a la justicia, ya que sólo el 2% de loas casos terminan por vía judicial.

Segundas residencias
Existen algunas diferencias entre la morosidad en las ciudades y en los municipios costeros. Según explica Manel Sosa, de ka Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, «en la zona de Tarragona la mayoría propietarios son habitantes fijos y residentes en la ciudad por lo que constituye su vivienda habitual y por tanto intentan pagar los gastos, pero en los municipios de Costa, el 50% de las viviendas son segundas residencias, y la gente no llega a todo», comenta.
Otro dato destacable –apunta Sosa– es el incremento de la morosidad en edificios donde hay muchos vecinos provenientes de la inmigración, y que son los que más están padeciendo el problema.

Promociones incompletas
Según datos facilitados por la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta) en el último año la morosidad en la provincia de Tarragona ha crecido un 23, 7%. Según Cralos Ruiz, gerente de Arrenta, además de la afectación incuestionable de la crisis en el aumento de la morosidad, hay otros factores que han contribuido a ello. «En los últimos meses estamos detectando otras causas, también relacionadas directamente con la crisis. Por un lado la dificultad que encuentran las promotoras a la hora vender todas las viviendas de una promoción provoca que muchas de ellas se encuentren desocupadas, lo que genera a su vez que se acumulen las deudas. En los casos en los que hemos aplicado el arbitraje con ellas se suelen llegar a soluciones amistosas en un 50% de los casos. Una vez iniciado el arbitraje, en el 80% de los casos no es necesario acabar el procedimiento para resolver la situación», asegura Ruiz.

En este sentido –añade Ruiz– cabe destacar que cuando los bancos se hacen cargo de una vivienda por embargo no suelen preocuparse de poner al día las deudas con la comunidad de propietarios y se convierten en morosos. «En el caso de los bancos en la práctica totalidad de los casos es necesario iniciar el procedimiento arbitral y acaban pagando una vez que se dicta resolución a través de un laudo», explica.

Fuente:diaridetarragona.com

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